miércoles, 5 de diciembre de 2007

Liberalización del comercio y desregulación interna.

La República Dominicana aún tiene las tasas de protección más altas de la región, cobrando impuestos a los consumidores pobres y asfixiando las exportaciones que no están protegidas. Los precios internos se mantienen severamente distorsionados por el comportamiento discrecional de la administración de aduanas y por las barreras no arancelarias en el comercio. Se deben reducir estas distorsiones, para proporcionar un marco de incentivos encaminados a un crecimiento eficiente. Hasta la fecha, el Congreso no ha aprobado una ley en que se pide una reducción arancelaria generalizada a un 10% uniforme y aún debe aprobar un Acuerdo de Libre Comercio firmado en 1998 con los países de América Central. Administración fiscal.
El gobierno debe proseguir sus programas para:
a. Mejorar la asignación presupuestaria y los procedimientos de gestión presupuestaria,
b. Implementar una reforma tributaria consecuente con un programa de liberalización del comercio y
c. Mejorar las regulaciones prudenciales en el sector bancario mediante el fortalecimiento permanente de la Superintendencia de Bancos.
Traspaso de activos fiscales.
La privatización y el traspaso de los activos fiscales del sector azucarero se completó con éxito, al igual que la privatización de la generación y distribución eléctrica, aunque han surgido diferencias al respecto. La privatización del agua y los puertos son dos puntos importantes que están pendientes en la agenda.
Calidad y eficiencia de los gastos del gobierno. La administración de los recursos públicos está bastante centralizada y la mayor parte de los recursos aún se administra directamente desde la Presidencia. A pesar de la creciente atención hacia los temas del desarrollo humano (por ejemplo, el gobierno ha prometido seguir adelante con la descentralización del sistema de salud pública), todavía están pendientes importantes reformas institucionales para aumentar la participación de la comunidad y los beneficiarios locales en la prestación de los servicios, incluida la educación primaria y secundaria.
Protección ambiental.
Se deben consolidar y expandir los esfuerzos de protección ambiental; especialmente, para abordar los problemas de la deforestación, el tratamiento de desechos y el impacto del turismo.

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