miércoles, 5 de diciembre de 2007

LOS SERVICIOS DOMINICANOS DE SALUD Y LA POBREZA

La evidencia internacional refleja una relación positiva entre las condiciones de salud de una población y el crecimiento económico per cápita. Si se toma en cuenta que el crecimiento del ingreso es una de las condiciones necesarias para la reducción de la pobreza y que el crecimiento facilita mayores recursos para mejorar las condiciones de salud, se puede decir que existe un círculo virtuoso en el que salud y crecimiento se refuerzan mutuamente. La salud favorece otras variables, como la productividad de la mano de obra, la asistencia escolar y la asimilación de conocimientos.
La inversión en salud se debe considerar como parte de la estrategia para aliviar la pobreza, ya que las personas más propensas a enfermarse son las más pobres, y por tanto las mayores beneficiarias de dicha inversión. Al crecer las expectativas de vida, dichas personas muestran una mayor inclinación a invertir en educación, lo que puede llevar a una menor fertilidad y mayores tasas de crecimiento económico.
Los indicadores de salud en la República Dominicana han mejorado notablemente en los últimos decenios. Esto se ha reflejado en un alza en la esperanza de vida de la población, que pasó de 46 años en 1950-1955 a 71en 1995-2000. La tasa de mortalidad ha caído en todos los grupos de edad por el mejoramiento de las condiciones de vida.
Pese a la mejora sanitaria, persiste un cuadro de mortalidad y morbilidad relacionado con la falta de atención preventiva en salud. El país se encuentra entre los de menor ritmo de reducción de la mortalidad infantil. El bajo peso al nacer es una de las causas de muerte, factor que podría atenuarse si se da mayor atención y educación sobre nutrición a las madres.
En los ámbitos rurales y urbanos periféricos el deterioro nutricional es casi el doble.
La cantidad de recursos públicos asignados a la salud pasó de 1.2% del PIB en 1991-1995 a 1.5% en 1998 (8.2% y 9% del gasto público, respectivamente), lo que refleja el escaso incremento de los últimos años. Dicho gasto está por debajo del promedio de los países de la región. Además, el sector no está conformado para mejorar la vida de los pobres.
En el sistema de salud participan el sector público y privado con una gran descoordinación entre las instituciones. No obstante, el sector privado provee una gama más completa de servicios ambulatorios, de diagnóstico, hospitalización, etcétera.
La legislación de salud es anticuada y el Código de Salud (de los años cuarenta) es muy centralista.
Los recursos públicos se asignan sin establecer prioridades. La adquisición pública de medicamentos es ineficiente, los proveedores privados no están regulados y son libres de fijar los precios, lo que dificulta la importación. La gestión está muy centralizada. La Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS) tiene débiles mecanismos de decisión, financiamiento y capacidad reguladora.
La ineficiencia de su estructura y sistema de información (sobre recursos humanos y físicos, y gastos) ha ocasionado que un número alto de clínicas y centros de salud esté subutilizado por su deterioro físico, escasez de insumos, deficiencias en el personal y baja calidad del servicio.
La falta de coordinación y complementariedad entre los servicios de atención primaria y los hospitalarios es alarmante. La atención médica privada también tiene baja calidad. Se trata de un país desasistido.
El bajo nivel de recursos públicos asignados a la salud se acentúa por sesgos en el gasto. Aunque los pobres utilizan menos los servicios médicos, se benefician más del gasto en salud y dependen más del sector público (esto refleja la mayor dependencia de los no pobres de la salud privada). Aunque la SESPAS es el mayor proveedor sanitario de los pobres, éstos también utilizan los servicios privados (un tercio de los pobres prefiere pagar a usar el sistema público, lo que demuestra la mala calidad de éste).
El gasto público dirigido a los servicios preventivos y primarios es claramente inferior al destinado a los cuidados terciarios (hospitales). Un cambio en esta distribución de fondos públicos podría tener fuertes efectos en la situación de los pobres. El gasto total (público y privado) es regresivo ya que los grupos de menores ingresos gastan un porcentaje más bajo de su ingreso que los grupos más ricos. Dada la baja calidad de los servicios públicos, esas disparidades añaden ineficacias al sistema.
La teoría económica sugiere que para lograr la redistribución del ingreso, el Estado debe subsidiar los bienes o servicios que los pobres consumen relativamente más. Lo adecuado sería utilizar un buen mecanismo de focalización para que el subsidio sanitario llegue a quien lo necesite. Aunque la salud es uno de los derechos fundamentales, no es igual de accesible para todos. Una gran parte de los pobres, los más propensos a enfermarse, no puede obtener servicios de salud por sus propios medios, por lo que sus posibilidades de ingreso y ascenso social se ven limitadas.
Se puede afirmar que la inversión en la salud de los pobres es una estrategia económicamente eficiente y políticamente aceptable para reducir la pobreza y aliviar sus consecuencias, ya que aumenta la capacidad de producir ingresos y recibir conocimientos, lo que abre puertas para salir de la pobreza.
La República Dominicana atraviesa por un importante proceso de transición tanto política como económica y el resultado de las elecciones presidenciales de mayo del 2000 es un reflejo de la creciente madurez democrática de este país.
El liderazgo político tradicional que guió al país después del inicio de la democracia a principios de los años sesenta está siendo reemplazado, como indicamos anteriormente, por una generación de líderes, que busca una proyecto económico viable que incluya la competencia global, la responsabilidad del sector público y la descentralización.
Mientras esto sucede, el país experimenta una de las tasas de crecimiento económico más altas de América Latina, gracias a la permanente estabilidad macroeconómica y a un desplazamiento gradual hacia la participación del sector privado. Todos los indicadores de pobreza han mejorado de forma similar.
Sin embargo, a pesar del fuerte crecimiento y al igual en otros países latinoamericanos, se mantiene una distribución bastante desigual del ingreso y alrededor del 25% de la población dominicana vive en la pobreza. Los persistentes bastiones de pobreza (concentrados principalmente en barrios pobres rurales y urbanos y en zonas fronterizas con Haití), con tasas de analfabetismo y mortalidad infantil que superan el promedio nacional, apuntan a la necesidad cada vez mayor de una fuerte intervención pública en los sectores sociales.

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